Por Arturo Gutiérrez
– Morena acusa permisividad inmobiliaria; PAN responde que la fiscalización no debe utilizarse con fines políticos
CDMX, 20 agosto 2026.- Los pisos excedentes en Miguel Hidalgo abrieron un nuevo frente entre Morena y el PAN en la Ciudad de México, luego de que el Congreso capitalino aprobara exigir a la administración del alcalde Mauricio Tabe Echartea reforzar las acciones contra construcciones que rebasan los niveles autorizados.
La controversia tiene una cifra que Morena convirtió rápidamente en bandera política: 183 por ciento de incremento en niveles irregulares.
El Punto de Acuerdo promovido por la diputada morenista Cecilia Vadillo Obregón solicita intensificar inspecciones, verificaciones y sanciones, además de entregar un informe detallado sobre los inmuebles identificados con excedentes de construcción.
La discusión ocurre en una de las alcaldías políticamente más relevantes para Acción Nacional y promete escalar conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2027.
De siete a 12 inmuebles señalados
Vadillo expuso información atribuida al informe anual de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), según la cual se pasó de siete inmuebles con seis niveles excedentes en 2024 a 12 inmuebles durante 2025.
En total, señaló, existen 54 departamentos irregulares identificados.
“Eso nos convierte en la alcaldía con más pisos irregulares de toda la ciudad”, sostuvo desde la tribuna del Congreso capitalino.
La legisladora fue más allá y acusó que el fenómeno no puede entenderse únicamente como una sucesión de anomalías administrativas.
“No es coincidencia que en el top de tres alcaldías que tienen más pisos ilegales en la capital, éstas sean gobernadas por el PAN”, afirmó antes de relacionar el problema con el denominado “Cártel Inmobiliario”.
Se trata de una acusación política que Morena ha utilizado contra gobiernos panistas y que ahora busca trasladar con fuerza al escenario de Miguel Hidalgo.
Morena apunta al costo millonario
Vadillo estimó que cada uno de los 54 departamentos tendría un precio promedio de 6.7 millones de pesos, por lo que el valor conjunto rondaría los 360 millones de pesos.
“Es complicidad”, acusó la diputada al reclamar que se determine quién permitió que los proyectos excedieran lo autorizado.
El señalamiento pega directamente en uno de los puntos más sensibles para el gobierno de Mauricio Tabe: la supervisión del desarrollo urbano en zonas donde el valor inmobiliario se encuentra entre los más elevados de la capital.
Para Morena, además, las consecuencias repercuten directamente sobre los habitantes de Miguel Hidalgo.
La construcción adicional significa, argumentó Vadillo, mayor presión sobre el agua y el drenaje, incremento del tránsito, pérdida de superficies permeables y riesgos adicionales de inundaciones.
Piden clausurar y demoler donde corresponda
El Congreso solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría General, la PAOT y el INVEA para revisar los casos y aplicar sanciones.
Vadillo pidió específicamente investigar, clausurar y demoler “donde corresponda”, así como deslindar responsabilidades entre los funcionarios de Miguel Hidalgo relacionados con la autorización y supervisión de las construcciones.
El morenista Ángel Augusto Tamariz Sánchez endureció los señalamientos al asegurar que las construcciones ilegales continúan y cuestionar el destino de procedimientos iniciados por la propia alcaldía.
Según expuso, existen verificaciones y suspensiones que posteriormente llegan a tribunales y terminan con resoluciones desfavorables para la autoridad de la demarcación.
Por ello, Morena busca que la investigación no se limite a contar edificios o departamentos, sino que reconstruya la ruta administrativa seguida por cada proyecto.
El diputado César Emilio Guijosa Hernández planteó igualmente revisar los trámites vinculados con el aprovechamiento del espacio aéreo y las diferentes modalidades de manifestación de construcción.
PAN rechaza fiscalización a modo
Desde Acción Nacional llegó la respuesta.
Las diputadas Lizzette Salgado Viramontes y Frida Jimena Guillén Ortiz se pronunciaron contra el Punto de Acuerdo.
Salgado demandó acciones concretas para evitar que los problemas urbanos continúen creciendo, mientras Guillén advirtió que la fiscalización y la transparencia no pueden aplicarse selectivamente para fortalecer únicamente el discurso de una fuerza política.
La controversia tiene así dos dimensiones.
Por un lado está la obligación de determinar cuántas construcciones efectivamente violaron la normatividad, quién autorizó o dejó avanzar las obras y qué sanciones corresponden.
Por otro, una batalla política cada vez más evidente entre Morena y PAN por el control del relato en una alcaldía estratégica.
Miguel Hidalgo es uno de los territorios donde Acción Nacional buscará mantener su fortaleza rumbo a 2027. Morena, en contraste, tiene incentivos para convertir cualquier irregularidad inmobiliaria comprobada en argumento electoral contra la continuidad panista.
Por ahora, el Congreso ya puso presión sobre Mauricio Tabe: deberá enfrentar los cuestionamientos sobre los 54 departamentos señalados, mientras Morena buscará mantener el tema de los pisos excedentes en el centro de la discusión política capitalina.
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