Por Dana Rodriguez
- Una iniciativa en el Congreso capitalino propone evaluar y certificar periódicamente a servidores públicos que atienden trámites y servicios en el Gobierno de la CDMX y sus 16 alcaldías.
Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— Largas explicaciones, respuestas contradictorias o simplemente encontrarse con personal que no sabe cómo resolver un trámite forman parte de las experiencias que pueden enfrentar los ciudadanos al acudir a oficinas gubernamentales.
Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México quiere cambiar esa realidad mediante la certificación y evaluación periódica de los servidores públicos que tienen contacto directo con la ciudadanía.
La propuesta de la diputada Erika Lizeth Rosales Medina plantea reformar el artículo 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital capitalina para crear un sistema de profesionalización aplicable al personal de atención ciudadana.
La medida alcanzaría a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías responsables de atender a quienes buscan realizar trámites, solicitar servicios o recibir orientación.
Servidores públicos tendrían que demostrar que saben hacer su trabajo
El planteamiento parte de un problema identificado por la legisladora: el marco actual no cuenta con un sistema integral de certificación que garantice que quienes atienden a la población tengan un perfil académico y profesional acorde con las tareas que desempeñan.
Rosales Medina advierte que la calidad del servicio público depende en buena medida de los conocimientos, capacidades y actualización de las personas encargadas de atender directamente a los capitalinos.
La iniciativa también cuestiona que algunos mecanismos actuales de acreditación consideren aspectos como la permanencia o antigüedad dentro de un área sin necesariamente evaluar conocimientos y competencias.
Con la reforma, llevar muchos años trabajando en una oficina ya no sería suficiente por sí mismo para obtener una acreditación.
La intención es que los servidores públicos demuestren periódicamente que cuentan con las capacidades requeridas para desempeñar sus puestos.
Capacitación y evaluaciones periódicas
La Agencia Digital de Innovación Pública sería la encargada de diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Profesionalización del Personal de Atención Ciudadana.
La ADIP tendría facultades para definir los perfiles de los puestos, establecer mecanismos de certificación periódica y aplicar esquemas de evaluación constante de conocimientos y competencias.
Además, deberían establecerse programas permanentes de capacitación y actualización.
La acreditación estaría sustentada en el mérito y las capacidades del trabajador, mientras que “la antigüedad o permanencia en el área” no constituirían, por sí mismas, criterios suficientes para obtenerla.
El cambio que podría notar cualquier capitalino
Aunque la reforma tiene un componente administrativo, su impacto pretende sentirse directamente en las ventanillas y áreas de atención.
Desde solicitar información hasta gestionar documentos o acceder a servicios públicos, la intención es que los ciudadanos encuentren personal capacitado para ofrecer respuestas claras y solucionar problemas.
Rosales Medina reconoce que actualmente existe una distancia entre las normas diseñadas para que las instituciones funcionen y lo que realmente experimentan las personas cuando necesitan realizar un trámite.
La iniciativa apenas inicia su camino legislativo. Tras darse a conocer en la Comisión Permanente, fue enviada a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictaminación.
Si avanza, la atención al ciudadano en la CDMX tendría que pasar de la antigüedad como criterio a la evaluación de capacidades, con una meta que cualquier capitalino puede entender: que cuando llegue a una oficina pública, quien esté del otro lado de la ventanilla realmente sepa cómo ayudarlo.
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