Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 23 abril 2026.- El anuncio del retiro de comercio ambulante en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro por parte de su director, Adrián Rubalcava Suárez, lejos de cerrar la discusión sobre seguridad en andenes, abrió una nueva polémica: denuncias públicas sobre presuntos cobros y control político del espacio dentro del transporte capitalino.
Aunque el funcionario informó que la medida se realizó por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comerciantes y actores políticos han cuestionado si los operativos responden realmente a una política de movilidad o a reacomodos internos del ambulantaje.
Las críticas apuntan a un patrón conocido en la capital: retirar vendedores sin transparentar los acuerdos que permiten su permanencia en otras estaciones o zonas del sistema.
El problema no es menor.
El Metro mueve millones de personas diariamente y representa uno de los espacios con mayor presión económica para el comercio informal. Por ello, cualquier señalamiento de posibles cuotas o intermediación política exige investigación institucional inmediata.
Analistas advierten que si no se aclara:
- quién autoriza presencia de ambulantes
- quién regula permanencias
- quién decide retiros
- y bajo qué criterios se negocian espacios
el riesgo es consolidar un sistema paralelo de control territorial dentro del transporte público.
Mientras el gobierno capitalino habla de orden y seguridad para 190 mil usuarios de la Línea B, la exigencia ciudadana es otra: transparencia total en el manejo del ambulantaje dentro del Metro.
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