Por Dana Rodríguez
– Señala negligencia del Gobierno de CDMX y denuncia encubrimiento tras la muerte de tres personas.
CDMX, 17 marzo 2026.- La crisis dejó de ser técnica para convertirse en política. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acusó que el Gobierno de la Ciudad de México no solo falló, sino que ahora intenta reescribir la historia.
Y el blanco es claro: César Cravioto.
De acuerdo con su exposición, el gobierno central no solo concentró todas las facultades mediante el “acuerdo de facilidades”, sino que también bloqueó a la alcaldía Cuauhtémoc para cumplir con funciones básicas de verificación.
El dato es demoledor: en al menos seis demoliciones activas bajo este esquema, la alcaldía no pudo inspeccionar porque se le negó el acceso. Todo bajo la lógica de que “solo el gobierno central puede verificar”.
Control absoluto… sin resultados.
La situación se vuelve aún más delicada al conocerse que más de 450 verificaciones solicitadas por la alcaldía no se realizaron por falta de personal del INVEA. Es decir, un gobierno que concentra atribuciones, pero no tiene capacidad operativa para cumplirlas.
Y cuando ocurrió la tragedia, el nivel de desorden quedó expuesto: funcionarios no sabían cuándo habían iniciado los trabajos de demolición. Tuvieron que preguntarlo directamente al responsable de la obra.
Supervisión inexistente.
Rojo también denunció una posible cadena de omisiones administrativas: el permiso debió cancelarse si no se cumplían plazos y notificaciones. No se hizo.
En paralelo, acusó una estrategia de desgaste político: propaganda, señalamientos y una narrativa para culpar a la alcaldía, pese a que —según su versión— fue excluida del proceso desde el inicio.
El trasfondo es aún más grave: un modelo que permite saltarse reglas, concentrar decisiones y operar sin contrapesos.
Y cuando falla, no hay quién responda.
Tres personas murieron.
Y en medio del choque político, la exigencia sigue creciendo: verdad, responsabilidades… y consecuencias.
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