Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.— En la Ciudad de México, la violencia sexual contra menores no solo persiste: avanza, mientras el presupuesto para combatirla se desploma. La diputada del PAN, Laura Álvarez, lanzó una crítica frontal al Gobierno capitalino por lo que calificó como una “decisión irresponsable” que deja en vulnerabilidad a miles de niñas, niños y adolescentes.
En enero, 166 casos fueron denunciados ante autoridades. Detrás de cada cifra hay historias de abuso, negligencia institucional y procesos que, lejos de proteger, revictimizan a las víctimas.
A pesar de este panorama, el recorte presupuestal es alarmante. De más de 38 millones de pesos en años recientes, el monto asignado en 2026 cayó a menos de un millón. Para la legisladora, esto no es austeridad: es abandono.
“No hay capacidad real de investigación ni de prevención si se desmantelan los recursos”, sostuvo.
Álvarez también cuestionó la falta de cercanía del Gobierno con las familias y la ausencia de campañas contundentes para prevenir este tipo de delitos, que muchas veces se gestan en entornos cercanos a las víctimas.
La crítica escaló al terreno político: acusó que, mientras se colocan vallas en el Zócalo durante protestas, se descuida la protección de mujeres y menores en la vida cotidiana.
“La llamada transformación no puede significar retroceso en seguridad y justicia”, lanzó.
En una ciudad donde los delitos no dan tregua, el recorte presupuestal parece enviar una señal peligrosa: la violencia sexual infantil no está en la agenda prioritaria. Y eso, advierten, podría tener consecuencias aún más graves.
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