El 13 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley de Amparo, la cual entrará en vigor el 14 de marzo de 2025.
Esta modificación legal ha generado preocupación en diversos sectores, ya que limita el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas, afectando potencialmente a millones de ciudadanos, especialmente a aquellos sin recursos para acceder a asesoría legal.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha advertido que esta reforma representa un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. Según el organismo, al restringir el efecto general de las sentencias de inconstitucionalidad, se deja en estado de indefensión a quienes no tienen los medios para litigar individualmente, debilitando así la protección de los derechos humanos en el país.
Además, Coparmex señala que la reforma podría abrir la puerta a decisiones judiciales influenciadas por intereses políticos, generando incertidumbre en el Poder Judicial. La eliminación del sistema de salas en la Suprema Corte y la reducción de los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una norma son aspectos que, según la confederación, podrían comprometer la imparcialidad y eficacia de las resoluciones judiciales.
La reforma también impide a los jueces suspender reformas constitucionales, blindando así cambios en el Poder Judicial.
Esta medida ha sido criticada por diversos actores, quienes consideran que limita la capacidad de los jueces para proteger los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder.
Ante este panorama, es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada sobre las implicaciones de esta reforma y busque asesoría legal en caso de considerarlo necesario. La defensa de los derechos fundamentales requiere de una sociedad consciente y participativa, especialmente en momentos de cambios legales significativos.
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