Por Dana Rodríguez
Ciudad de México.– La indignación crece ante los constantes accidentes provocados por conductores alcoholizados que no solo cobran vidas, sino que dejan a niñas y niños sin sus padres, enfrentando un futuro incierto.
El Congreso de la Ciudad de México encendió las alertas luego de que el diputado Jesús Sesma Suárez advirtiera que el país enfrenta una crisis silenciosa donde la infancia es la principal víctima colateral.
“Cada número es una familia destruida. Cada accidente es una infancia truncada”, señaló el legislador.
Datos oficiales revelan que miles de pruebas de alcoholemia resultan positivas cada año, mientras los accidentes vinculados al consumo de alcohol continúan en aumento, sin que las sanciones actuales logren frenar el problema.
Frente a este escenario, el Partido Verde Ecologista de México impulsa una iniciativa que busca obligar a los responsables a asumir plenamente las consecuencias de sus actos.
La propuesta establece que quienes provoquen la muerte de una persona al manejar en estado de ebriedad deberán cubrir una pensión mensual para las y los menores afectados, garantizando su desarrollo integral hasta que concluyan sus estudios.
Además, se plantea que jueces prioricen el interés superior de la niñez, asegurando que las víctimas indirectas reciban apoyo real y sostenido.
El mensaje es claro: no basta con castigar. Se necesita justicia que repare el daño.
En medio del mes dedicado a la infancia, el llamado es contundente: proteger a niñas y niños no puede seguir siendo una promesa, sino una obligación inmediata.
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