Por Sergio Valdés
CDMX, 28 enero 2025 (LAMETROPOLI.COM.MX).- Uno de los temas más álgidos en la política mexicana fue sin duda la reforma judicial de septiembre del año pasado, evento de despedida del ex que le regalaron sus vasallos legislativos con la anuencia de la nueva tlatoani nacional. Fue algo que marcará el futuro de las generaciones post obradoristas por toda la movilización que provocó en las calles, las traiciones y compras legislativas que se hicieron en el Senado, y las carpetas de investigación que abrieron y cerraron con gran velocidad en todo el país (en Veracruz contra los panistas y Campeche contra los emecistas).
Y así, podríamos seguir, sin llegar a otra conclusión diferente a la obvia: el pueblo bueno le otorgó ese poder a la #4T y por consiguiente, la posibilidad de torcer la constitución como quieran. Pero hay que ver hacia adelante y analizar el futuro que conlleva esta vengativa reforma judicial orquestada desde palacio nacional el sexenio anterior.
Lo importante aquí sería que las personas ideólogas de dicha reforma, también se hubieran preocupado por su implementación (como cualquier política pública debe hacer), desde su construcción con los actores involucrados, la información y publicitación a la ciudadanía, la asignación presupuestal (así fuera “de jalón” o poco a poco) y la entrada en vigor paulatinamente, como debe ser en una reforma constitucional de ese tipo.
Seguramente, la mayoría de la población no sabe cuántos puestos se van a elegir, cuáles son los nombres y las funciones de dichos escaños, cuánto tiempo estarán formados y votando, y, sobre todo, cuánto le va a costar esta elección (que sale de los impuestos que pagan, o que no pagan).
Como declaró el 2 de diciembre del año pasado María Luisa Flores Huerta, consejera electoral para la Ciudad de México (CDMX) por el Instituto Nacional Electoral (INE): “Derivado de la reforma constitucional de septiembre de 2024, este proceso incluye la selección de 187 cargos en la Ciudad de México y la participación de 1,179 personas candidatas para dichos cargos”. Lo cual representa un gran reto a la autoridad electoral para la preparación del proceso y la logística del día de la elección, así como a los electores, los cuales seguramente no nos aprenderemos los más de mil nombres de candidatos, vamos, ni siquiera creo que recordaremos los 187 cargos en disputa en la capital del país.
Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿cuánto nos va a costar esta elección judicial que sale de los impuestos que pagamos (o no) ? El presupuesto nacional para la elección judicial, hasta el cierre de esta edición sin contar la ampliación presupuestal que los consejeros electorales pidieron a la presidenta Sheinbaum, es de 6 mil 219 millones 213 mil 262 pesos, de un total de 19 mil 645 millones 790 mil 251 pesos con los que cuenta el Instituto (sin contar las prerrogativas a los partidos políticos). Fíjense que cada voto nos costará $63.15, si tomamos en cuenta que de acuerdo al listado nominal de electores del 2024 había 98,468,994 de personas inscritas en el mismo; y eso considerando que todas las personas vayan a votar, si participa el 61% de los mexicanos como el año pasado, nos costaría $103.45 (pensando en los poco más de 60 millones que ejercieron su derecho a votar), y así sucesivamente dependiendo de cómo baje la participación ciudadana aumenta el consto por voto.
Por absurdo que parezca esta comparación, con ese dinero se pueden hacer 58 unidades médicas familiares totalmente equipadas ( $107,837,837 c/u) o remodelar 373 de las ya existentes ($16,692,701 c/u), o contratar a 17,338 médicos generales ($29,892 mensual c/u). O si lo quieren ver con programas sociales, en términos educativos se podrían dar 107, 972 becas anuales a estudiantes, 172,755 pensiones para adultos mayores al año, casi 83 mil apoyos del programa “sembrando vida”, 61,116 apoyos del programa “jóvenes construyéndotelas el futuro”, o 345,511 nuevas pensiones “mujeres bienestar”. Y si lo queremos ver en términos de seguridad, se podrían contratar a 23,920 nuevos guardias nacionales.
Si tomamos como ejemplo la elección de presupuesto participativo en la CDMX, donde NO se eligen representantes populares y la boleta única que se nos entrega contiene en promedio entre 15 y 20 proyectos propuestos, la participación en promedio ronda el 3% del electorado (2016, 2018, 2019 y 2022), y solo ha habido dos que superan este promedio llegando al 5%, y es porque se eligieron proyectos bianuales (2020 y 2021, y 2023, y 2024), siendo la gran excepción la elección vecinal de 2017 donde participaron 751,602 votantes, representando más del 10% del padrón; aún así, votan normalmente entre 200,000 y 400,000 personas, de las cuáles dudo que conozcan todas las propuestas de proyectos participativos que se plasman en la boleta.
Ahora bien, si tomamos en cuenta el acarreo guinda que representó la revocación de mandato en el año 2022, en la Ciudad de México solamente participó el 17.74% del listado nominal de electores, es decir, poco más de millón y medio de personas formadas para ejercer su derecho masivamente hacia el si, que obtuvo el 88.21% de los votos (1,325,503 electores).
En las elecciones capitalinas para elegir representantes populares, la participación oscila entre el 50% (en intermedia) y el 70% (en sexenal para elegir Jefa de Gobierno), así que, el resultado de participación para este primer ensayo democrático representativo judicial es una moneda al aire, tomando en cuenta que el máximo de boletas que se nos otorgan a los chilangos es de 6 con un máximo de 7 candidatos normalmente (pueden ser más aunque por lo general son menos). Mi apuesta es, que la participación ciudadana chilanga en este año será de 12 a 15 por ciento del listado nominal, entre 950 mil y un millón de electores aproximadamente, debido a la complejidad en la cantidad de boletas recibidas para emitir el voto y al tiempo de espera que tendrá que hacer el ciudadano ¿ustedes cuánta gente creen que vaya este 1 de junio a las urnas?
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