Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 18 julio 2025 (LAMETROPOLI.COM.MX).- La iniciativa que envió hace más de un mes la jefa de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, relacionada a los llamados franeleros, fue aprobada por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, con lo que se da trámite para que en el periodo Extraordinario a realizarse en agosto se suba al pleno para su discusión.
El documento aprobado expone la preocupación de que en “diversos puntos de la Ciudad de México se presenta una problemática en la que se impide y estorba el uso de la vía y el espacio público, por parte de personas que ofrecen servicios de estacionamiento, cuidado, lavado, aseo, hojalatería o reparaciones menores de vehículos, sin contar con un permiso, licencia o autorización por parte de autoridad competente”.
Además, las personas que realizan estas actividades ocupan extensos espacios de la vialidad, “contribuyendo a la congestión vehicular y aumentando con ello los índices de contaminantes en el aire”.
También se advierte del aumento de denuncias presentadas contra las personas que realizan estas actividades, ya que ante la negativa de las personas conductoras de realizar el pago exigido para estacionarse, “los llamados ´franeleros o viene viene´ pueden cometer delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena”.
La finalidad de la iniciativa es recuperar la vía y el espacio público para el desarrollo adecuado de la vida comunitaria y garantizar el derecho de las personas a la movilidad, al uso y disfrute del espacio público, reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones a través de una política pública que establezca sanciones específicas, con irrestricto respeto a los derechos humanos.
Se aclara que la iniciativa no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle, sino que sanciona a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a personas para obtener dinero; y por cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.
De acuerdo con el artículo 31 de esta ley, las infracciones tipo F se aplicarán con sanciones de 24 hasta 36 horas de arresto inconmutable. La persona juzgadora impondrá la sanción máxima de 36 horas cuando la persona infractora sea presentada por la conducta señalada en la fracción III del artículo 28 Bis.
Al referirse al dictamen, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que el derecho al espacio público se encuentra reconocido constitucionalmente como un derecho colectivo, lo que implica usar y disfrutar los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales.
Indicó que la reforma presentada por la jefa de Gobierno permitirá abordar de mejor manera la problemática de apropiación indebida de la vía y el espacio público que realizan las personas conocidas como “franeleros”, ya que al prohibir las conductas que afectan o vulneran la movilidad y la accesibilidad a espacios públicos se mejora la seguridad en la ciudad.
Resaltó que en este dictamen se incorporaron, por sus apreciaciones argumentativas en la materia, en el apartado de los considerandos, la referencias nodales vertidas en la iniciativa por la que se reforma la fracción primera del artículo 27, la fracción segunda del artículo 28 y el artículo 32, de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN).
El panista Mario Enrique Sánchez, presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública, señaló que su grupo parlamentario apoyaría este dictamen “porque estamos convencidos de que el uso indebido del espacio público es una problemática que requiere atención y regulación, y porque nunca nos negaremos a apoyar reformas que beneficien a los capitalinos”; aunque consideró que la iniciativa debió ser turnada únicamente a la comisión que encabeza.
Adicionalmente, el legislador presentó una reserva para abrogar la fracción cuarta del artículo 28 Bis, la cual fue rechazada.
El congresista Fernando Zárate Salgado, de Morena, comentó que si la norma es ambigua se debe detallar y no abrogar, pues se está regulando una conducta de naturaleza administrativa que no está en el Código Penal, y es en la Ley de Justicia Cívica local donde se establece que la infracción es contra la seguridad de la ciudadanía.
Consideró que lo que se entiende por “aprovecharse indebidamente del espacio público para obtener un beneficio” está referenciado correctamente en los distintos ordenamientos, lo que da instrumentos a alcaldías y autoridades en distintas materias para brindar certeza jurídica.
La también morenista, Elizabeth Mateos Hernández, destacó la seriedad y prontitud de las comisiones dictaminadoras para atender de manera favorable “un tema que, aunque cotidiano, tiene un enorme impacto en la vida diaria de millones de personas: la ocupación indebida de la vía pública por parte de los llamados franeleros o viene-viene.
Asimismo, reconoció la visión y el compromiso de la jefa de Gobierno al presentar una iniciativa que propone una solución concreta y con sustento legal ante prácticas que dificultan la movilidad, generan molestias a la ciudadanía y muchas veces impiden disfrutar libremente del espacio público.
Al señalar que esta propuesta devuelve a la ciudad la libertad de caminar por las calles y disfrutar del espacio público que durante décadas fue invadido, la diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros, explicó que los objetos que impiden el tránsito también generan contaminación visual, y estas medidas generan mayor seguridad.
La diputada Iliana Ivón Sánchez Chávez, del Partido Verde, reconoció que esta reforma es un esfuerzo que busca atender la problemática generada por la apropiación indebida del espacio público. Indicó que la propuesta contempla sanciones severas para quienes condicionen pagos por el servicio ilegal de vigilancia de vehículos, ya que esta situación llega a generar un entorno de inseguridad, que impacta la calidad de vida de la ciudadanía.
“La iniciativa refleja un compromiso profundo con la inclusión social, ya que se les ofrecen alternativas a las personas que se dedican a esta práctica para vivir con dignidad y en armonía con las normas y beneficien a la comunidad”, finalizó.
La priísta, Tania Larios, se pronunció a favor del dictamen en términos generales; aunque pidió tener sensibilidad para las personas infractoras, debido a que se les puede llegar a criminalizar. Destacó que el objetivo central y el espíritu de la propuesta de la jefa de Gobierno es proteger el espacio y la vía pública.
El emecista, Royfid Torres, consideró que esta propuesta es mejorable, ya que lo que se regula en el artículo 28 Bis ya está establecido en la ley vigente; y existe una contradicción entre los artículos 28 y 28 Bis en cuanto a la ocupación total de la vía pública para obtener un beneficio, que puede referirse al comercio informal, y es difícil cumplir con los arrestos y sanciones señaladas, por lo que propuso una mayor discusión del tema.
Para el panista, Diego Orlando Garrido, hubo violaciones en el trámite parlamentario de esta propuesta que no deben permitirse. Agregó que aunque su voto es a favor por las coincidencias con lo planteado, existe la preocupación de un aumento de la corrupción con policías para continuar con estas conductas. Observó que la redacción de ciertos artículos puede permitir que se vulneren derechos de tránsito, como sucede en manifestaciones no pacíficas.
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