Por Dana Rodríguez
CDMX, 13 mayo 2026.- Lo que pretendía ser un informe de resultados terminó convirtiéndose en una radiografía incómoda para el alcalde Javier López Casarín. Durante su comparecencia en el Congreso capitalino, diputadas del PAN acusaron a su administración de esconder rezagos, maquillar cifras y mantener abandonados servicios básicos en Álvaro Obregón.
Desde el arranque, la diputada Claudia Montes de Oca puso contra las cuerdas al alcalde al evidenciar la contradicción más delicada de su gobierno: mientras presume reducción de delitos, la percepción de inseguridad empeora.
Para el PAN, la explicación es simple: miles de delitos ni siquiera se denuncian porque los vecinos desconfían de las autoridades. El resultado es una alcaldía donde las cifras oficiales dicen una cosa, pero la calle cuenta otra completamente distinta.
Las legisladoras también denunciaron que la administración morenista impulsa obras urbanas sin escuchar a los ciudadanos. Habitantes de San Ángel, Tlacopac y Jardines del Pedregal —afirmaron— han padecido afectaciones viales y deterioro en su calidad de vida por proyectos improvisados en vialidades clave.
La comparecencia dejó al descubierto problemas que el propio informe reconoce: trámites retrasados, deficiencias en Protección Civil, rezagos en servicios urbanos y cierre de espacios culturales.
El caso de las bibliotecas “Carlos Monsiváis” y “Federico Gamboa” se convirtió en símbolo del abandono cultural. Mientras el gobierno presume modernización, vecinos siguen viendo puertas cerradas y falta de inversión en infraestructura comunitaria.
Pero el golpe más duro vino por el dinero. La diputada Liz Salgado acusó que la alcaldía dejó sin ejercer decenas de millones de pesos en 2025 mientras la ciudadanía continúa enfrentando fugas de agua, luminarias descompuestas y calles deterioradas.
“Hay abandono y además sobra dinero sin usar”, resumieron legisladores panistas tras señalar que el subejercicio podría superar los 100 millones de pesos.
Salgado reveló además posibles inconsistencias en obras de presupuesto participativo reportadas como finalizadas pese a denuncias vecinales que apuntan a proyectos inexistentes o incompletos.
En materia de seguridad, el PAN acusó una desconexión total entre gobierno y ciudadanía. Mientras el informe oficial presume “eficiencia policial”, habitantes denuncian extorsiones, abuso de autoridad y falta de atención a violencia de género.
La oposición cerró la comparecencia exigiendo auditorías y transparencia total sobre recursos, obras y programas sociales. El saldo político para Casarín fue contundente: un alcalde acorralado por cuestionamientos y una oposición decidida a exhibir las grietas de su administración.
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