Escándalo por PGD: PAN denuncia cifras infladas y acusa albazo legislativo en CDMX

Por Dana Rodríguez

CDMX, 13 abril 2026.- El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México enfrenta cuestionamientos políticos después de que el PAN acusara al Gobierno capitalino de manipular cifras, ocultar información pública y preparar un “albazo legislativo” para imponer un documento sin legitimidad ciudadana.

Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso local, denunció que la consulta pública del PGD estuvo plagada de irregularidades y calificó el proceso como una “farsa” construida sobre datos inconsistentes y participación inflada.

Entre las anomalías señaladas destaca la diferencia entre los 787 encuentros participativos reportados oficialmente y los 694 que realmente aparecen en la plataforma pública. Para la legisladora, esa brecha evidencia eventos no comprobables que ponen en duda la veracidad del proceso.

La panista también alertó que cientos de talleres en PILARES fueron contabilizados indebidamente, ya que no abordaron el contenido real del Plan General de Desarrollo. A ello se suma la desaparición inexplicable de más de 21 mil encuestas dirigidas a menores, una diferencia detectada entre cifras actuales y reportes previos del propio Gobierno.

Garza acusó además que miles de propuestas ciudadanas permanecen ocultas. Aunque el informe reconoce más de 12 mil aportaciones y 107 documentos técnicos, éstos no pueden consultarse en línea, lo que representa —dijo— una violación al principio de máxima publicidad.

La legisladora afirmó que el problema de fondo es que el Gobierno consultó un anteproyecto y no el documento definitivo, lo que invalida el procedimiento y abre la puerta a una eventual impugnación política y jurídica.

“Pretenden brincar etapas para imponer un documento sin consenso. No se puede construir el futuro de la Ciudad sobre simulaciones”, advirtió.

El PAN anunció que respaldará la exigencia de colectivos vecinales para reponer desde cero la consulta del PGD, mientras crece la presión sobre el Gobierno capitalino por transparentar el proceso completo.