Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 5 de abril de 2026. — Mientras la crisis de desapariciones en México escala a niveles internacionales, el gobierno federal optó por una respuesta que, para la oposición, resulta cómoda, limitada y profundamente insuficiente.
La diputada del PAN, Liz Salgado, arremetió contra la postura oficial frente al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que se privilegió la defensa política por encima de las víctimas.
“México necesita una política que ponga en el centro a las víctimas, no al gobierno”, afirmó.
El conflicto surge tras la solicitud del Comité para llevar la crisis mexicana ante la Asamblea General de la ONU, una medida poco común que refleja la gravedad del problema. El organismo internacional señala fallas estructurales: desapariciones sistemáticas, debilidad en las investigaciones y ausencia de resultados.
Pero lo más grave, según Salgado, es que el propio documento advierte que estas prácticas ocurren con la tolerancia o negligencia del Estado.
Frente a ello, la respuesta del gobierno —emitida por dependencias federales— se limitó a rechazar los términos utilizados por el organismo, sin responder a los datos duros: miles de desaparecidos cada año, una crisis forense colapsada y familias abandonadas a su suerte.
“Es una respuesta que no atiende el fondo. No explica por qué las cifras siguen creciendo ni por qué la impunidad es prácticamente total”, criticó.
La legisladora subrayó que los avances legales e institucionales que presume el gobierno han sido calificados por el propio Comité como insuficientes y sin presupuesto real, lo que los convierte, en la práctica, en “letra muerta”.
El choque con la ONU podría escalar en el terreno diplomático, pero para la oposición el verdadero problema es interno: un Estado rebasado, incapaz de frenar una de las crisis más dolorosas del país.
Salgado concluyó con un llamado directo: revisar el informe completo y no ignorar una realidad que sigue creciendo. Porque en México, dijo, la desaparición no solo es un delito: es una deuda pendiente que el gobierno sigue sin saldar.
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