Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 17 septiembre 2025.- La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó dejando una estela de destrucción, dolor y al menos 19 víctimas mortales, sigue sumando interrogantes. El más reciente: ¿por qué las autoridades capitalinas tardaron días en confirmar la muerte del chofer, cuando ya se manejaban versiones de su fallecimiento desde el 15 de septiembre?
El conductor fue identificado desde el primer momento como Fernando Soto Munguía, de 34 años, empleado de la empresa Transportadora Silza, perteneciente al Grupo Tomza. Desde el día del accidente se reportó que el chofer se encontraba en estado crítico por quemaduras graves, y que estaba bajo custodia policial debido a las investigaciones abiertas por responsabilidad penal.
Sin embargo, el anuncio oficial de su fallecimiento no se realizó sino hasta el 16 de septiembre por la noche, según reportes confirmados por la prensa nacional. Esto significa que durante al menos 24 a 48 horas, si no más, las autoridades sabían que había muerto y decidieron no hacerlo público.
¿Con qué fin?
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¿Para no agitar aún más la opinión pública?
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¿Para evitar cuestionamientos sobre la custodia policial a una persona ya fallecida?
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¿Para proteger intereses de la empresa transportista?
El silencio genera más dudas que certezas. En una ciudad donde la información puede ser cuestión de vida o muerte, ocultar un fallecimiento relacionado con un hecho de esta magnitud no es una omisión menor. Es un acto que roza la negligencia, si no es que el encubrimiento deliberado.
Los familiares de las víctimas, los vecinos afectados, los trabajadores del sector transporte y la sociedad merecen saber qué protocolos fallaron y por qué se actuó con tanto hermetismo. La tragedia ya era suficientemente grave; ocultar información solo suma indignación.
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