Es decir, la cuestión es si también van a arrestar a los uniformados que sean sorprendidos permitiendo que los franeleros cobren, amenacen, o maltraten un automóvil porque el automovilista decidió no darles lo que piden por estacionarse en la vía pública.
Cierto, la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica, tiene el objetivo de sancionar el uso indebido del espacio público que realizan personas que se dedican al cuidado de vehículos, conocidos como “franeleros”, que irá acompañada por una política pública de atención y una campaña de concientización, pero está de por medio la actuación de las autoridades. Desde el primer contacto con la autoridad, es decir que, sin haber denunciante los cuidadores tienen que ser remitidos por oficio en caso de ser sorprendidos ejerciendo esa actividad.
«En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. No hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles (…). Es por excelencia el lugar donde se expresa la igualdad ciudadana. Y cuando alguien se apropia de las calles, cuando alguien condiciona su uso para estacionar vehículos con amenazas o con cobros indebidos, lo que está haciendo es romper el principio básico de equidad en esta ciudad», esto lo dijo la propia Clara Brugada al hacer el anuncio.
La infracción tiene un arresto inconmutable por la afectación que se da y que se vincula a cuatro artículos del Código Penal, que sería el 148, que tiene que ver con la extorsión; el 209, con amenazas; el 224, con robo y robo de autopartes, y el 130, con lesiones.
Además, la Ley establece que de manera oficiosa los policías, aunque no haya ninguna queja formal, sino de flagrancia, intervendrán para garantizar la vida en paz y que no haya afectaciones ni agresiones, garantizando la movilidad.
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