Buscan catalogar como delito grave el «despojo de agua»

Por NOTICIASCD.MX

CDMX, 25 marzo 2025 (INFORMATIVODIGITAL.COM.MX).- El Congreso capitalino busca endurecer las penas a quien limite o vulnere el derecho al acceso y la disposición de agua potable, a través de la solicitud de dinero, promesa de apoyos económicos u otra contraprestación de cualquier naturaleza, práctica común de líderes en distintas alcaldías y que se sigue haciendo.

El diputado Miguel Macedo Escartín presentó la iniciativa para reformar los artículos 237 y 238 del Código Penal local, la cual precisa que, cuando se acredite que la persona responsable del delito de despojo de agua sea servidora pública, la pena correspondiente se incrementará en una mitad.

Además, se impondrá como sanción accesoria la destitución y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza por un período igual al de la pena privativa de libertad impuesta.

El derecho al acceso y a la disposición de agua potable se vulnera cuando se ejerce despojo sobre un bien, inmueble que lo brinda, con lo que se configurará el delito de despojo de aguas.

“La crisis del agua en la Ciudad de México es un problema estructural que afecta a millones de personas, especialmente en las zonas periféricas y con menor desarrollo urbano».

Añadió que a ello se suma el uso discrecional del servicio de pipas, pue los operadores privados de estos vehículos controlan el acceso al agua, solicitando pagos indebidos, favores políticos o documentación personal como credenciales de elector para otorgar el servicio, a lo que se suma la corrupción y clientelismo político, pues muchos servidores públicos suelen condicionar la entrega de agua potable a la participación en eventos partidistas o a la afiliación a grupos políticos.

“Este problema no sólo vulnera el derecho humano al agua, sino que profundiza las desigualdades sociales”, apuntó Macedo Escartín.
La falta de acceso al agua potable afecta la salud pública, la higiene, la alimentación y el bienestar de las familias. Además, genera una carga económica adicional, ya que muchas familias deben comprar agua a precios elevados en el mercado informal.